A pesar de que estos temores han resurgido con la segunda administración Trump, el mensaje de los defensores, abogados y centros de salud es claro e inequívoco: la atención médica siempre es una prioridad y el tratamiento no debe detenerse.
Adi Talwar
Entrada de la sala de emergencias pediátricas en el Campus Moses del Centro Médico Montefiore en la avenida Bainbridge.
Este artículo se publicó originalmente en inglés el 28 de enero. Traducido por Daniel Parra. Read the English version here.
Entre los impactos locales inmediatos del regreso del presidente Donald Trump está el temor que ha provocado en las comunidades de inmigrantes e indocumentados de Nueva York.
Según defensores locales, abogados y proveedores de salud, algunos inmigrantes han expresado su temor a continuar con tratamientos médicos o son reacios a afiliarse para recibir beneficios y atención médica por temor a que afecte negativamente a sus casos de inmigración o por el riesgo de que queden expuestos como indocumentados.
“En las últimas dos semanas”, dijo Rebecca Telzak, subdirectora de Make the Road New York, “hemos visto un aumento en el número de personas indocumentadas de la comunidad que expresan reservas a la hora de acceder a programas y servicios de salud para los que son elegibles, como Medicaid, Child Health Plus, NYC Care, y visitas al médico por temor a que su información pueda ser compartida con [el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.] ICE.”
Algunos de los que han expresado preocupación son inmigrantes que ya están afiliados y quieren terminar la cobertura —aún cuando tienen hijos nacidos en los Estados Unidos— y otros que aún no están afiliados y se resisten a afiliarse.
“Hay padres que tienen hijos con enfermedades crónicas preexistentes, y los padres son indocumentados, pero los hijos [son] ciudadanos de Estados Unidos, y también están preocupados”, dijo Rehan Mehmood, director de servicios sanitarios del South Asian Council for Social Services.
Mehmood citó el ejemplo de un cliente inscrito en Medicaid de urgencia que no quería ir al hospital para recibir atención porque temía que pudiera poner en peligro su información.
El paciente padecía diabetes de tipo 2 y una afección cardiaca, y necesitaba atención urgente. “Tuvimos que trabajar con él y convencerle de que no iba a pasar nada, que fuera a recibir la atención que necesitaba”, explicó Mehmood, añadiendo que al final la persona fue a urgencias.
Defensores y abogados insisten en que las leyes de privacidad federales y estatales restringen el intercambio de información de los pacientes con las autoridades, incluida la información relacionada con el estatus migratorio.
Aun así, la reelección de Trump —después de una campaña en la que prometió repetidamente tomar medidas contra la inmigración y llevar a cabo deportaciones masivas— ha despertado temores pasados en las comunidades inmigrantes.
En 2019, durante el primer gobierno de Trump, el Departamento de Seguridad Nacional modificó los motivos de inadmisibilidad de la norma de “carga pública” por la que se podía denegar a alguien la expedición de la Green Card (tarjeta verde), el visado o la admisión en el país. El uso de ciertos programas de vivienda, nutrición y salud se encontraban entre los servicios públicos considerados por la norma, creando un “efecto escalofriante” en las comunidades de inmigrantes que perduró incluso después de que la administración Biden desmantelara estos criterios en 2022.
Robert Hayes es presidente y director ejecutivo de Community Healthcare Network, que atiende a más de 65.000 personas, el 20 por ciento de las cuales no tienen seguro y la mayoría de estos son indocumentados. Hayes dijo que “no hay datos en este momento”, en términos de un número conciso de personas que se han dado de baja o han parado tratamientos, “aunque hay un deja vu”.
Aunque estas preocupaciones han resurgido, el mensaje de los defensores, abogados y centros de salud es claro e inequívoco: la salud es siempre una prioridad y no se debe interrumpir el tratamiento.
“Hemos oído hablar de personas que ya no buscan atención médica, por lo que están evitando sus visitas de control. No van al médico cuando están enfermos”, afirma Lara Kassel, coordinadora de la coalición Medicaid Matters NY. “Y también hemos sabido de gente que llama a su compañía de atención médica, su compañía de seguros, para decir: ‘Me gustaría terminar mi cobertura’”.
Durante semanas, defensores y abogados han estado educando y tranquilizando a la gente, animándoles a seguir recibiendo asistencia médica cuando la necesiten.
El New York Legal Assistance Group (NYLAG por sus siglas en inglés) y su programa de LegalHealth —que ofrece servicios legales gratuitos sobre prestaciones públicas, inmigración y vivienda dentro de hospitales y centros de salud comunitarios— han estado recibiendo consultas de profesionales de la salud.
“Desde diciembre, hemos recibido informes de pacientes que no quieren afiliarse en el seguro médico y, esta semana, hemos tenido noticias de un cliente que se negó a ir a urgencias, a pesar de sufrir fuertes dolores y de que su médico de cabecera le había aconsejado que fuera a urgencias”, dijo Norma Tinubu, directora asociada interina de LegalHealth de NYLAG.
Los defensores y abogados están preocupados por quienes permanecen en silencio y no buscan respuestas ni asistencia.
“Con las personas que expresaron su preocupación”, dijo Hayes, “podemos hablar y disipar preocupaciones, pero las personas que no acuden son las que más me preocupan… generalmente somos capaces de educar al paciente para que haga de la atención médica su prioridad y deje el miedo en un segundo plano”.
“Pero las personas que no hablan son las que más me preocupan”, añadió Hayes, “porque puede que no vengan nunca. Tiene un impacto mortal. En todos los servicios humanos, y acaba con la gente. Es decir, tristemente lo hace”.
Al buscar asesoramiento relacionado con inmigración, los abogados de NYLAG advierten a la gente que evite a los “notarios”, ya que no son expertos legales, y que esté alerta ante la desinformación que propaga temores infundados.
También recomiendan a los pacientes que hablen con los proveedores de atención médica o los trabajadores sociales para que los refieran a los servicios legales, que están disponibles en los principales sistemas de atención médica en la ciudad de Nueva York.
“Con la administración de Trump inyectando miedo en nuestras comunidades, muchos están perdiendo su confianza en las instalaciones como espacios santuario”, dijo Telzak de Make the Road New York. “Es por eso que nuestro personal ha estado dedicando cada vez más tiempo a educar a los neoyorquinos sobre sus derechos y reafirmar su capacidad de solicitar beneficios para que no rehúyan recibir la atención médica que puedan necesitar”.
Recientemente, la ciudad ha sido testigo de una explosión de sesiones de “conozca sus derechos”, muchas de ellas motivadas por la preocupación ante posibles interacciones entre inmigrantes y agentes de ICE. Otras se centran en cómo desenvolverse en escuelas, el metro y los lugares de trabajo.
Y puede que se produzcan nuevas oleadas de angustia. El 20 de enero, el Departamento de Seguridad Nacional emitió una directiva que anula las directrices de la administración Biden para ICE y el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras, que restringía las acciones policiales en “zonas sensibles”, como escuelas, establecimientos de servicios sociales, lugares de culto e instalaciones médicas, o en sus inmediaciones. Al día siguiente, el Departamento de Justicia ordenó a los fiscales federales investigar a los funcionarios estatales o locales que crean que están obstruyendo la ofensiva migratoria de la administración Trump.
La directiva del DHS establece que los oficiales “aplican la discreción para equilibrar una variedad de intereses, incluido el grado en que cualquier acción de aplicación de la ley ocurre en [un] lugar sensible”. En el futuro, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben seguir utilizando esa discreción junto con una buena dosis de sentido común. No es necesario, sin embargo, que el jefe de la agencia cree reglas claras sobre dónde se permite aplicar nuestras leyes de inmigración”.
Crains informa que la Greater New York Hospital Association, una asociación comercial que representa a cientos de centros médicos del área de Nueva York, ha distribuido a sus miembros unas directrices en las que se les informa de los cambios y se sugieren protocolos para tratar con los agentes del ICE.
New York City Health + Hospitals (H + H por sus siglas en inglés), que gestiona la red de hospitales públicos de la ciudad, no respondió a las preguntas de City Limits sobre qué directrices está proporcionando a los trabajadores para tratar con los agentes de ICE. Documented informó sobre un memorando que H + H emitió a su personal instruyendo documentar y comunicar tales incidentes a los gerentes, mientras que también les recordaba que es ilegal “proteger intencionalmente a una persona que está en los Estados Unidos ilegalmente”.
Cuando Trump se impuso en las elecciones de 2016, H+H rápidamente distribuyó una carta en la que tranquilizaba a los inmigrantes neoyorquinos asegurándoles que podían buscar atención sin miedo. En esa carta H + H prometió que “la ciudad de Nueva York tiene una política para proteger el estado migratorio y otra información confidencial. NYC Health + Hospitals respetará su derecho a la privacidad”.
Aunque los agentes del ICE no se han presentado en sus instalaciones de la red en los 10 años que lleva dirigiéndola, Hayes dijo que sigue siendo mejor estar preparado.
“Estoy entrenando al personal de nuestros 14 centros de salud para asegurarme de que sabemos lo que los funcionarios federales pueden y no pueden hacer cuando se presentan. No espero que se presenten, pero si lo hacen, estaremos preparados”, dijo.
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