Según los defensores, el último presupuesto del estado, que asciende a $254.000 millones de dólares, es un paquete mixto para la clase trabajadora de Nueva York en lo que respecta a normas y protecciones laborales.
Trabajadores de la construcción en una urbanización de NYCHA en 2015.
Este artículo se publicó originalmente en inglés el 4 de junio. Traducido por Daniel Parra.
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El presupuesto del estado de Nueva York, que el mes pasado se aprobó y asciende a $254.000 millones de dólares, incluye varias medidas para hacer frente a la pobreza y la crisis de asequibilidad del estado como el aumento de los créditos fiscales para las familias y la creación del primer programa estatal de vales de vivienda para las personas sin hogar.
Sin embargo, en lo que respecta a las normas laborales y las protecciones, el presupuesto es una bolsa mixta para los neoyorquinos de clase trabajadora, dijeron los defensores.
En lo que coinciden muchos neoyorquinos, incluida la gobernadora Kathy Hochul y los defensores de los trabajadores, es en la necesidad de hacer frente al elevado costa de vida. Durante su discurso en enero, Hochul dijo que el futuro de Nueva York depende de “la capacidad de cada familia para permitirse lo esencial de la vida”.
“Cuando subimos el salario mínimo y lo vinculamos a la inflación”, añadió Hochul, “fue porque creo que cuando los costes suben, tus salarios también deberían hacerlo”.
Sin embargo, los defensores sostienen que subir los salarios no tiene sentido si no se establecen protecciones sólidas que garanticen que los trabajadores reciben sus salarios a tiempo, y sin tener que luchar por ellos a través del largo proceso de reclamaciones por robo de salarios.
He aquí lo que incluye el presupuesto en materia laboral y salarial.
Frecuencia de pago a trabajadores manuales
El presupuesto incluye cambios en el artículo 191 de la Ley del Trabajo de Nueva York, que regula la frecuencia de pago de los trabajadores. Los trabajadores manuales (quienes dedican más del 25 por ciento de su tiempo de trabajo semanal en labores físicas) reciben pagos semanalmente, a más tardar, siete días después de que finalice la semana en la que se devengó el salario.
Antes, si un pago se retrasaba, el empresario tenía que pagar una indemnización equivalente al 100 por ciento del salario adeudado. Con el cambio presupuestario, los trabajadores manuales no podrán recibir esos daños y perjuicios por la primera infracción de retraso en el pago, sino sólo cuando se produzca una infracción por segunda vez.
Cuando se le preguntó por el cambio, el Departamento de Trabajo del estado de Nueva York (DOL por sus siglas en inglés) se refirió al comunicado de prensa de la gobernadora de mayo.
“Muchas pequeñas empresas desconocen el requisito semanal para las clases de trabajadores manuales o que una determinada clasificación de trabajo se considera trabajo manual, pagan a los trabajadores íntegra y semestralmente, y luego son demandadas por grandes cantidades de dinero a pesar de que ya pagan a sus empleados el salario íntegro”, explicaba entonces el comunicado.
Según las nuevas normas, “una vez que se pone en conocimiento del empresario que la clase de trabajadores es manual, éste debe intereses por las semanas en las que los trabajadores cobraron quincenalmente en lugar de semanalmente”, añadía el comunicado. “Si el empresario no paga semanalmente a esos trabajadores manuales en adelante, puede ser objeto de una liquidación por daños y perjuicios”.
Natalia Aristizabal, subdirectora de Make the Road New York, afirma que las sanciones aplicadas a estas infracciones “son un elemento disuasorio eficaz contra el no pago y el retraso en los pagos”.
Los defensores también argumentan que suelen ser las grandes empresas, y no las pequeñas que cita la gobernadora, las que infringen con frecuencia la ley.
“Los principales beneficiarios son las grandes empresas, como las grandes cadenas de venta al por menor y de comida rápida y las empresas del sector de los servicios de construcción, que han sido acusadas de pagar habitualmente tarde a sus trabajadores”, dijo Richard Blum, abogado de la unidad de derecho laboral de Legal Aid Society.
El cambio entró en vigor con la aprobación del presupuesto el mes pasado y se aplica con carácter retroactivo a los casos pendientes.
Robo de salarios
Cada año en Nueva York, más de 2 millones de trabajadores no perciben su salario íntegro, lo que supone un total de $3.200 millones de dólares en salarios no pagos, según los defensores de los trabajadores.
La gobernadora Hochul anuncia un “esfuerzo múltiple para combatir el robo de salarios” en julio de 2022. (Don Pollard / Oficina de la Gobernadora Kathy Hochul)
En Nueva York, el robo de salario puede significar diferentes cosas: no pagar el salario mínimo, horas extras o propinas, o no dar a un empleado las pausas necesarias para comer y descansar. Tanto el departamento de trabajo estatal como el federal hacen cumplir las normas salariales. En la ciudad de Nueva York, el mayor número de investigaciones salariales se encuentra en la zona del centro de Manhattan, con cientos de casos entre 2017 y 2025, según datos en línea del DOL.
Este año, el presupuesto otorga al DOL más poder para hacer cumplir las leyes de robo de salarios, incluida la capacidad de confiscar los activos financieros de un infractor y colocar derechos de retención sobre la propiedad después de una sentencia de robo de salarios.
“Estas sanciones reforzadas facultan al Departamento [de Trabajo] para proteger mejor los cheques de los neoyorquinos trabajadores y salvaguardar a los jóvenes, y a menudo más vulnerables, miembros de nuestra fuerza laboral”, dijo un portavoz del DOL a través de correo electrónico.
El comisionado del DOL puede ahora dar a un sheriff del condado una orden para confiscar y vender la propiedad de los infractores de robo de salarios que deben sanciones monetarias. El sheriff tiene que pagar los fondos recaudados al DOL en un plazo de 60 días.
“El robo de salarios es uno de los delitos más crueles y desenfrenados de los que no se habla lo suficiente”, dijo por correo electrónico la senadora estatal Jessica Ramos, presidenta del comité de trabajo y candidata a la alcaldía.
“El presupuesto de este año hace algunos avances hacia la rendición de cuentas que buscamos para los malos empleadores, pero tenemos la esperanza de que nuestros esfuerzos continuarán empoderando a los trabajadores a presentarse con herramientas reales como embargos y órdenes de suspensión de trabajo, por lo que hay consecuencias reales por robar un cheque de pago”, agregó.
Aunque estos nuevos poderes dan al estado un poco más de fuerza, los defensores argumentan que sólo pueden utilizarse tras un largo proceso judicial, y sólo para los casos del propio DOL. La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, y los fiscales de distrito también combaten el robo de salarios mediante investigaciones, acuerdos y acciones legales.
“El presupuesto modifica los poderes del Departamento de Trabajo para hacer cumplir sus propias órdenes en los casos de robo de salarios sólo al final de un proceso de años durante el cual los ladrones de salarios ya pueden haber escondido todos sus activos”, dijo Blum.
Blum agregó que, durante años, defensores y legisladores han estado presionando para que se apruebe el proyecto de ley “Empowering People in Rights Enforcement” (EMPIRE por sus siglas en inglés), que permitiría a un empleado afectado, o a una organización que lo represente, iniciar una causa judicial en nombre del comisionado de trabajo.
Sus partidarios tienen previsto manifestarse el miércoles en Albany a favor de la aprobación de la propuesta. Destacan la dificultad de la aplicación privada en los lugares de trabajo más pequeños y en las comunidades rurales, y afirman que el Departamento de Trabajo carece de los recursos necesarios para investigar y perseguir eficazmente el robo de salarios a gran escala.
La asambleísta Jo Anne Simon, copatrocinadora de la
ley EMPIRE, en una manifestación a favor de la ley el mes
pasado. (Foto compartida por la oficina de Simon)
Los cambios en el presupuesto no van lo suficientemente lejos, dijo Blum.
“A diferencia del proyecto de ley EMPIRE, este ajuste no da al departamento los recursos que necesita para llevar a cabo investigaciones oportunas”, añadió Blum. “No les da a los trabajadores las herramientas que necesitan para evitar que los ladrones de salarios transfieran sus activos para evitar el cobro mucho antes del final de un caso en su contra”.
En 2019, los legisladores estatales aprobaron el proyecto de ley “Securing Wages Earned Against Theft” (SWEAT por sus siglas en inglés), que habría permitido a los empleados colocar derechos de retención sobre la propiedad de su empleador por el valor de un reclamo salarial. Pero el exgobernador, y actual candidato a la alcaldía de Nueva York, Andrew Cuomo lo vetó, citando “aspectos técnicos”.
Trabajo infantil
Las leyes sobre trabajo infantil en Nueva York regulan principalmente las horas y condiciones en que pueden trabajar los jóvenes. Los menores de 14 años no pueden trabajar —con algunas excepciones— y los mayores de esa edad sí, pero con límites en el número de horas diarias y semanales, especialmente durante la temporada escolar.
Los adolescentes de 14 a 17 años también necesitan un certificado de trabajo, o “papeles de trabajo”, expedidos por los distritos escolares.
En la actualidad, ni el Departamento de Educación del estado, ni el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York, ni el Departamento de Trabajo del estado de Nueva York disponen de datos sobre el número de documentos de trabajo expedidos. El Departamento de Trabajo del estado planea ofrecer documentos de trabajo digitales en el futuro y espera mantener una base de datos de los mismos para mayo de 2027.
Según los datos de violaciones de la ley de trabajo infantil del DOL, el número de infracciones en Nueva York ha aumentado desde 2022, coincidiendo con un aumento a nivel nacional.
“En los últimos 10 años, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos ha visto un aumento del 316 por ciento en el número de niños empleados en violación de las leyes de trabajo infantil en todo el país”, explica el comunicado de prensa de la gobernadora.
En su presupuesto ejecutivo publicado en enero, Hochul dijo que el estado quería “alinear las penas de la ley de trabajo infantil con la gravedad de la violación”, avanzando la legislación para aumentar las penas civiles máximas.
“El movimiento sindical siempre ha dado prioridad a la protección de nuestros jóvenes y a garantizar su seguridad en el lugar de trabajo. Por eso apoyamos firmemente el aumento de las penas para los empresarios que infrinjan la legislación sobre trabajo infantil”, declaró Mario Cilento, presidente de la AFL-CIO del estado de Nueva York.
Con el presupuesto, las infracciones civiles aumentaron de un máximo de $1.000 dólares a $10.000 para la primera vez; de $2.000 dólares a un mínimo de $10.000 dólares (pero no más de $25.000 dólares) para las segundas infracciones; y de $3.000 dólares a un mínimo de $10.000 dólares (pero no más de $55.000 dólares) para las terceras infracciones.
“Al aumentar las penas, Nueva York está dando un paso decisivo para garantizar que los empleadores que infrinjan la ley rindan cuentas, y que emplear ilegalmente a menores no sea simplemente el coste de hacer negocios”, dijo Nina Mast, analista política y económica del Economic Policy Institute.
Si bien los aumentos parecen elevados, los abogados encuentran algunos problemas en el lenguaje incluido para la evaluación de la sanción, ya que pide al comisionado del DOL que tenga en cuenta “la buena fe del empleador para creer que su conducta se ajustaba a la ley”, entre otros factores.
“Es casi seguro que el Departamento de Trabajo tendrá que litigar una y otra vez sobre el significado de la frase ‘creencia de buena fe’”, dijo Blum. “La frase es una invitación a los empresarios para que exploten el trabajo infantil y luego litiguen esta vaga defensa si les pillan”.
El presupuesto también aumenta las multas por lesiones o muerte de un trabajador menor de edad.
Ahora, por una primera infracción, la multa mínima es de $3.000 dólares, pero puede llegar hasta $30.000 dólares. Para una segunda infracción, empezará en $6.000 y puede llegar hasta $75.000. Y para una tercera infracción, la multa oscilará entre $30.000 y $175.000 dólares.
“Las actualizaciones que Nueva York está introduciendo en las normas estatales sobre trabajo infantil son especialmente esenciales en un contexto de aumento de las infracciones en Nueva York y en todo el país, de continuos intentos de debilitar las normas existentes en muchos estados y del riesgo de que disminuya la aplicación de las normas federales sobre salarios y horarios”, dijo Mast.
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