Los defensores de las comunidades inmigrantes del estado pidieron que se incluyeran varias iniciativas en el acuerdo final, desde la ampliación de los créditos fiscales hasta la financiación de servicios legales, citando los continuos ataques de la administración Trump y el impacto de los recortes del gobierno federal.
Murad Awawdeh, líder de New York Immigration Coalition, en una manifestación sobre el presupuesto a principios de abril. (Gerardo Romo / NYC Council)
Este artículo se publicó originalmente en inglés el 24 de abril. Partes de la noticia se han actualizado luego de que los legisladores anunciaran un acuerdo con “apretón de manos”, aunque al cierre de esta edición aún no se había aprobado un presupuesto definitivo.Traducido por Daniel Parra. Read the English version here.
Durante las últimas semanas, los neoyorquinos han estado esperando a que los legisladores de Albany y la gobernadora Kathy Hochul anuncien un acuerdo presupuestario, que estaba previsto para el 1 de abril y que ahora está retrasado.
Según artículos publicados, las negociaciones se han prolongado por cuestiones políticas que la gobernadora quiere abordar, como cambiar la ley de reforma en materia de descubrimiento, prohibir los teléfonos celulares en las escuelas y prohibir el uso de tapabocas en público.
Mientras tanto, los defensores de las comunidades inmigrantes del estado han seguido pidiendo que se incluyan sus iniciativas, citando los continuos ataques de la administración Trump y los posibles impactos de los recortes de fondos federales.
Pero, ¿qué piden los defensores y qué se ha incluido en las propuestas de la gobernadora, el Senado y la Asamblea? Aquí una visión general.
En lo que todos están de acuerdo
“Luchando por tu familia”. Ese es el título del presupuesto ejecutivo propuesto por la gobernadora Kathy Hochul para este año, que incluye una propuesta para reducir la pobreza infantil mediante la ampliación del crédito fiscal Empire State Child Credit (ESCC por sus siglas en inglés), disponible para los residentes de Nueva York que tengan al menos un hijo que cumpla los requisitos.
Según la propuesta de la gobernadora, el ESCC se ampliaría para incluir a los neoyorquinos con ingresos bajos y moderados, otorgando hasta $1.000 dólares por los menores de 4 años. Los presupuestos de la Asamblea, el Senado y la gobernadora lo apoyan, aunque con algunos ajustes. (Esta es una de las propuestas anunciadas el 28 de abril como parte del acuerdo de apretón de manos entre los legisladores y la gobernadora, que formaría parte del presupuesto de este año).
La propuesta de la Asamblea crearía un nuevo New York Works Tax Credit que “consolidaría el Empire State Child Tax Credit existente, el Earned-Income Tax Credit (EITC) estatal y la excepción por dependientes en un crédito combinado para la mayoría de los contribuyentes”.
Por otro lado, el presupuesto propuesto por el Senado, pretende sustituir el plan de crédito fiscal de la gobernadora con el Working Families Tax Credit (crédito tributario para familias trabajadoras o WFTC por sus siglas en inglés), o proyecto de ley (S.2082/A.3474), que daría a las familias hasta $1.600 por menor al año.
En la actualidad, el Empire State Child Tax Credit requiere que el menor tenga un número válido de la Seguridad Social o un número de identificación individual del contribuyente del IRS (ITIN), que es utilizado por muchos inmigrantes indocumentados o familias de estatus mixto. Con las ampliaciones propuestas, estas familias también podrían recibir estos créditos fiscales.
Los expertos en pobreza dicen que ampliar los créditos fiscales para las familias es clave para cumplir con el compromiso del estado de reducir la pobreza infantil en un 50 por ciento para 2031 (como lo exige la firma de la ley de Reducción de la Pobreza Infantil del estado en 2021).
“Las familias merecen el crédito, y los padres necesitan el dinero”, dijo Murad Awawdeh, CEO y presidente de la New York Immigration Coalition.
“Queremos devolver el dinero al bolsillo de los padres de todo el estado. La crisis de asequibilidad les perjudica. Estamos contentos de que la gobernadora incluyera … una versión de esto en su presupuesto, pero creemos que nuestro plan [el WFTC] va más lejos”.
El senador estatal Andrew Gounardes, copatrocinador del proyecto de ley WFTC, dijo que su propuesta ha tomado fuerza durante el último año después de que 80 organizaciones la respaldaran, entre ellas el Business Council of New York State.
La publicación de las recomendaciones del Consejo Asesor para la Reducción de la Pobreza Infantil (New York State Child Poverty Reduction Advisory Council o CPRAC por sus siglas en inglés), creado en el marco de la aprobación de la Ley de Reducción de la Pobreza Infantil, proyectaba el impacto económico positivo de aumentar los créditos fiscales.
“Creo que el equipo de la gobernadora ha sido un poco reacio a querer comprometer niveles significativos de financiación, dada la gran incertidumbre en torno al gobierno federal y los recortes presupuestarios, y la economía”, dijo Gounardes.
“Pero se trata de una vía de probada eficacia para ayudar a las familias, y cuando las cosas se ponen realmente mal económicamente en el país, son las familias con rentas más bajas y las familias de clase trabajadora las que se ven más afectadas”, añadió. “Y yo diría que estas son las personas que se van a llevar la peor parte de los perjuicios causados por el gobierno federal”.
Lo que piden el Senado y la Asamblea
Otra de las recomendaciones del CPRAC para reducir la pobreza infantil es la creación de un voucher de vivienda a nivel estatal. Tanto el presupuesto del Senado como el de la Asamblea lo apoyan, solicitando $250 millones de dólares para el Programa de Vales de Acceso a la Vivienda (Housing Access Voucher Program o HAVP por sus siglas en inglés).
Durante años, los defensores de la vivienda y los legisladores han presionado a favor de este subsidio, que ayudaría a los neoyorquinos sin hogar, independientemente de su estatus migratorio, a encontrar una vivienda permanente cubriendo una parte de su alquiler cada mes. Según el informe de recomendaciones del CPRAC, un programa de vouchers de este tipo podría reducir la pobreza en un 12.5 por ciento en la ciudad de Nueva York.
Sin embargo, hasta ahora Hochul no ha apoyado el plan, alegando preocupación por los costos.
“La gobernadora está en una isla sola, oponiéndose al HAVP”, dijo Natalia Aristizabal, subdirectora de Make the Road New York. (De acuerdo con lo que se ha dado a conocer por diversos medios de comunicación, es posible que se asignen $50 millones de dólares al programa de vales de acceso a la vivienda).
También en los presupuestos del Senado y la Asamblea, los defensores acogieron con satisfacción la inclusión de $75 millones de dólares para servicios legales de inmigración a través de Office of New Americans.
Esta cantidad, sin embargo, se queda corta respecto a lo que aspiran los defensores: $165 millones de dólares para servicios jurídicos e infraestructura, como becas y otros incentivos para atraer a profesionales del derecho que quieran representar a inmigrantes.
Las peticiones para financiar la representación legal de los inmigrantes se han intensificado después de que la administración de Donald Trump cancelara en marzo parte de un contrato de $200 millones de dólares para servicios legales para menores no acompañados, mientras los menores neoyorquinos van a audiencias sin abogados y los proveedores luchan por satisfacer el aumento de la demanda.
Otro ámbito en el que los recortes a nivel federal han suscitado conversaciones más urgentes es en educación. El presupuesto de la Asamblea introduciría ajustes en la fórmula de financiación escolar del estado para aumentar la ponderación de los estudiantes de inglés como segunda lengua, incrementando así la ayuda estatal a la educación que reciben los distritos para educar a los estudiantes de inglés como segunda lengua.
El cambio aumentaría la financiación de las escuelas de la ciudad de Nueva York en $148 millones de dólares, explicó Loris Toribio, asesora política de la organización sin ánimo de lucro Robin Hood, dedicada a la lucha contra la pobreza.
“Apoyamos firmemente esta propuesta”, dijo Toribio por correo electrónico. “Dados los importantes recortes de personal del nuevo gobierno [presidencial] en el Departamento de Educación de EE.UU. y la incertidumbre general que han creado alrededor de la provisión de fondos federales de educación destinados a estudiantes de bajos ingresos y estudiantes de inglés, instamos firmemente al estado a proporcionar apoyo directo a estos estudiantes mediante la inclusión de la propuesta de la Asamblea en el presupuesto final”.
Manifestación para protestar por la actividad del ICE en la ciudad durante el primer mandato de Trump en 2019. (John McCarten/NYC Council)
Legislación pendiente
Otras propuestas importantes para las comunidades de inmigrantes del estado no se incluyeron en ninguna propuesta. Algunas de ellas se han presentado como proyectos de ley, y la legislatura estatal tendrá la oportunidad de aprobarlos antes de que los legisladores concluyan la sesión de este año en junio.
Por ejemplo, el proyecto de ley New York for All Ac (S.2235/A3506), que impediría a los funcionarios, empleados y entidades estatales revelar el estatus migratorio para efectos de aplicación de la ley federal migratoria, no se incluyó en ninguna propuesta presupuestaria, pero sigue siendo una prioridad para los defensores.
El 24 de abril, los sindicatos del estado unieron sus voces en una carta dirigida a la gobernadora y a los líderes estatales pidiendo la aprobación del proyecto de ley.
“Hoy en día, existe un mosaico de políticas, desde la ciudad de Nueva York hasta Nassau y más allá, de modo que un trabajador que vive en un lugar y que cruza la frontera de un condado para trabajar, puede encontrarse con posibilidades drásticamente diferentes de ser deportado”, dice la carta.
“Intenté que se incluyera en las conversaciones sobre el presupuesto. No lo conseguí. Sigo pensando que es muy importante”, reconoció Gounardes, que patrocinó el proyecto de ley junto con la asambleísta Karines Reyes.
Las recientes detenciones de inmigrantes indocumentados en todo el estado han renovado los llamados a aprobar el proyecto de ley. Mientras que la ciudad de Nueva York tiene leyes santuario que prohíben la cooperación entre las autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), esas protecciones no existen en todo el estado.
“Esperábamos que el estado tomara medidas rápidamente sobre New York for All porque a los federales claramente no les importa el debido proceso, pero seguiremos luchando por esa ley después del presupuesto”, dijo Aristizabal por correo electrónico.
A medida que aumenta el número de detenciones, también aumenta la necesidad de representación legal. Durante años, los defensores han pedido la aprobación de la Ley de Acceso a la Representación legal (S141/A270), que proporcionaría asistencia jurídica a los inmigrantes en los procedimientos judiciales de inmigración.
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