Según los defensores de vivienda que hablaron con City Limits, el memorando es un esfuerzo más de la administración Trump para arremeter contra los inmigrantes y no constituye una base para el desalojo.
El secretario del HUD, Scott Turner, y la secretaria del DHS, Kristi Noem, anunciando el memorando “Programas de vivienda para ciudadanos estadounidenses” el 24 de marzo de 2025. (YouTube/HUD)
Este artículo se publicó originalmente en inglés el 7 de abril. Traducido por Daniel Parra. Read the English version here.
El 24 de marzo, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. (HUD por sus siglas en inglés) anunció una asociación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), que creará “un punto de contacto” entre las dos agencias federales para compartir datos sobre los inmigrantes indocumentados que viven en viviendas subvencionadas por el gobierno.
“Trabajando más estrechamente y con mayor colaboración, identificaremos a los extranjeros ilegales que no reúnan los requisitos para recibir ayudas federales a la vivienda y tomaremos medidas correctivas para poner fin a este despilfarro y abuso, incluida la remisión a las autoridades de inmigración”, dice el Memorándum de Entendimiento, o MOU por sus siglas en inglés.
Pero los funcionarios locales no están seguros hasta ahora de lo que el memorando, denominado “Programas de vivienda para ciudadanos estadounidenses”, significa para sus agencias y las leyes santuario de la ciudad.
Las personas indocumentadas no pueden recibir directamente ayudas federales a la vivienda. Recibir ayudas federales a la vivienda está limitado a ciudadanos estadounidenses y no ciudadanos con un estatus migratorio que cumpla los requisitos, como residente legal permanente, refugiado o asilado, entre otros, según los defensores y el Departamento de Conservación y Desarrollo de Viviendas de la ciudad De Nueva York (HPD por sus siglas en inglés).
Ahora bien, los inmigrantes que no reúnan los requisitos pueden vivir en un hogar que reciba una subvención federal siempre que otros miembros de ese hogar reúnan los requisitos, y la ayuda que reciba el hogar se basará en el número de personas que reúnan los requisitos.
Por ejemplo, si un inmigrante indocumentado vive con hijos nacidos en EE.UU. que reúnen los requisitos, el hogar recibiría un subsidio menor y pagaría una parte mayor del alquiler para tener en cuenta al miembro de la familia que no reúne los requisitos. Esto se conoce como ayuda prorrateada.
“La asistencia ya está prorrateada para cubrir sólo a los miembros elegibles del hogar”, dice un comunicado de Alliance for Housing Justice, un grupo nacional de defensa, en respuesta al memorando, y agrega que el Secretario de HUD Scott Turner está “tergiversando cómo funcionan realmente los programas de su agencia”.
“Esto no se trata de la integridad del programa, se trata de la vigilancia, miedo y culpar falsamente a las familias inmigrantes por los fracasos de un sistema de vivienda que pone las ganancias por encima de la gente común”, dice el grupo.
Un portavoz del HUD dijo que “el propósito del memorando de entendimiento es establecer el intercambio de información entre el HUD y el DHS para asegurar que los extranjeros ilegales no están en viviendas públicas”, pero no dio más detalles.
Según Anna Luft, directora del Proyecto de Justicia en la Vivienda Pública de New York Legal Assistance Group, el memorando aplica a todas las viviendas subvencionadas por el HUD, incluida la Sección 8 —también conocida como Programa de Vales de Elección de Vivienda, que ofrece ayudas al alquiler a familias con ingresos bajos y moderados— y a las autoridades de vivienda pública que gestionan dichos programas.
En la ciudad de Nueva York hay tres grandes autoridades de vivienda pública: La Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA por sus siglas en inglés), que administra un programa de la Sección 8, así como viviendas públicas de la Sección 9, HPD, y la División de Vivienda y Renovación Comunitaria (DHCR por sus siglas en inglés), que forma parte de la agencia estatal de vivienda asequible, New York State Homes and Community Renewal (HCR por sus siglas en inglés).
Sólo HPD dijo que entraría en el memorando. Un portavoz de NYCHA dijo: “NYCHA no es parte de este MOU”, a pesar de ser la mayor agencia de vivienda pública de la ciudad. Un portavoz de HCR no especificó lo que el memorando significa para sus programas, limitándose a decir que “mientras seguimos supervisando el impacto de estas acciones, la gobernadora Hochul está luchando para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los neoyorquinos”.
Según los defensores de vivienda que hablaron con City Limits, el memorando es un esfuerzo más de la administración Trump para arremeter contra los inmigrantes y no constituye una base para el desalojo. Desde antes de las elecciones, Donald Trump ya estaba culpando a los inmigrantes de la crisis de la vivienda y del aumento de los costes de la vivienda, a pesar de que los economistas e investigadores decían lo contrario.
Como muchas de las propuestas de Trump, esta tiene raíces en el primer mandato. En 2019, la administración Trump propuso un cambio de regla que esencialmente habría prohibido a las familias con estatus migratorios mixtos vivir en viviendas públicas o subsidiadas por el gobierno federal. En 2021, la administración Biden retiró la regla propuesta por Trump, por lo que nunca se implementó.
Un análisis de impacto regulatorio del HUD de 2019 estimó que aproximadamente 25.000 hogares que reciben un subsidio federal en todo el país tenían al menos un miembro no elegible.
«Geográficamente, el 72 por ciento de las familias mixtas se concentran en tres estados -California (37 por ciento), Texas (23 por ciento) y Nueva York (12 por ciento)-, mientras que el resto está disperso por todo el país con un 3 por ciento o menos de familias mixtas por estado», indica el análisis del HUD.
Un portavoz del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano reiteró que la normativa del HUD para los programas federales de subsidio de alquiler, incluidos los vales de la Sección 8, exige que las familias tengan al menos un miembro con un estatus migratorio que reúna los requisitos, y que el subsidio de vivienda que recibe una familia se prorratea en función del número de miembros que son elegibles.
En NYC, el HPD proporciona vales de alquiler, incluida la Sección 8, a un total de 42.000 hogares, detalló un portavoz. De estos, aproximadamente 5.900 tienen miembros con estatus de inmigrantes elegibles, y alrededor de 350 hogares de la Sección 8 son de estatus migratorio mixto.
No está claro si las leyes santuario de la ciudad, que restringen a las agencias locales compartir información con las autoridades federales de inmigración, podrían desempeñar un papel en el nuevo acuerdo de intercambio de datos y de ser así, cómo.
Debido a que los hogares deben declarar su ciudadanía y estatus migratorio elegible al aplicar, el HUD ya tiene información sobre el estatus migratorio de los hogares que reciben beneficios federales de vivienda, de acuerdo con HPD, NYCHA, y los defensores de vivienda.
Tanto HPD como NYCHA deben proporcionar información sobre el estatus migratorio al HUD, según las normas del HUD, explicaron portavoces de ambas agencias. El HPD añadió que el impacto real del memorando dependerá de cómo utilicen esa información el HUD y el DHS.
El memorando detalla que el HUD está dedicando sólo un empleado a tiempo completo a este esfuerzo de intercambio de datos, para “ayudar a detener la ola de inmigración ilegal en los Estados Unidos e incentivar a los extranjeros ilegales a abandonar voluntariamente el país, entramos en este MOU”, dice el memo.
Un portavoz del HPD dijo que el HUD no se ha puesto en contacto con las agencias locales acerca de la medida, y como el memorando es muy nuevo, el objetivo en este momento es recopilar información, evitar causar daño o pánico, coordinar con las agencias de vivienda pública, y luego comunicarse con los clientes (aunque la agencia no proporcionó detalles sobre los esfuerzos de comunicación).
Como esta es la primera vez que un memorando como este entra en vigor, existe una gran incertidumbre. Los defensores de vivienda recomiendan que las familias consulten con abogados especializados en inmigración para realizar evaluaciones individualizadas.
“Nuestro consejo para las personas que están preocupadas y viven en viviendas subvencionadas por el HUD”, dijo Luft, “es que hablen con sus abogados de inmigración y evalúen cuál es su riesgo individual de expulsión y qué deben hacer”.
Para ponerse en contacto con el reportero de esta noticia, escriba a Daniel@citylimits.org. Para ponerse en contacto con la editora, escriba a Jeanmarie@citylimits.org
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