Si bien las organizaciones en Nueva York no han dejado de representar a los menores no acompañados con los que ya trabajan, no están seguras de cuánto tiempo podrán hacerlo sin financiación.
Un centro de procesamiento de la Patrulla Fronteriza estadounidense para familias inmigrantes y menores no acompañados en Texas en 2021. (Jaime Rodriguez Sr./Customs and Border Patrol)
Este artículo se publicó originalmente en inglés el 31 de marzo. Traducido por Daniel Parra. Read the English version here.
Recientemente, un inmigrante de 5 años cruzó la frontera y fue puesto bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR por sus siglas en inglés), la agencia federal responsable de los menores no acompañados.
El niño, que cruzó la frontera sin padres ni tutor legal, fue entregado a un patrocinador en Nueva York y obtuvo representación legal a través de Church World Service, una de las nueve organizaciones que prestan servicios jurídicos a jóvenes inmigrantes con financiación federal.
Sin embargo, el contrato se canceló hace dos semanas.
El 21 de marzo, la administración Trump dio instrucciones a los proveedores de todo el país para que terminaran los servicios para más de 25.000 menores y no renovó el contrato de $200 millones de dólares, que expiraba el 29 de marzo. Esta es la segunda vez que la administración Trump intentaba dejar de financiar estos servicios. En febrero, el gobierno federal emitió una orden de suspensión de la asistencia legal a menores no acompañados, pero la revocó pocos días después.
La ORR es una oficina de programas de la Administración de Asuntos de Niños y Familias (ACF por sus siglas en inglés) dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés), la agencia encargada de la atención de los niños inmigrantes, y que supervisa el contrato.
Un portavoz de la ACF dijo que la ORR “sigue cumpliendo los requisitos legales establecidos por” la Ley de Seguridad Nacional de 2002, también conocida como el “Homeland Security Act of 2002” que estableció el Departamento de Seguridad Nacional, y la Ley de Protección de Víctimas de Trata de Personas y Víctimas de Violencia (TVPRA por sus siglas en ingles), que aumentó las protecciones para las víctimas y exigió que los menores no acompañados sean evaluados para detectar posibles casos de trata.
Los defensores afirman que el fin del contrato elimina casi todos sus servicios con menores no acompañados y desmantela la infraestructura y la experiencia acumuladas durante décadas. Desde que se conoció la noticia el 21 de marzo, proveedores y defensores han dado la voz de alarma, afirmando que los bebés, niños pequeños y adolescentes sin abogados tienen muchas más probabilidades de ser detenidos y deportados.
El Acacia Center for Justice, que gestiona el Programa de Menores No Acompañados (UCP por sus siglas en inglés) con una red de organizaciones, dijo que la orden termina casi todos los servicios, incluida representación legal completa y traducción e interpretación al español.
“El único trabajo que se permite continuar son las presentaciones de ‘conozca sus derechos’ para menores porque así lo exige la Ley de Protección de Víctimas de Trata de Personas y Víctimas de Violencia”, dijo Madison Allman, directora de comunicaciones de Acacia, por correo electrónico.
Sólo en Nueva York, aproximadamente 7.700 menores fueron atendidos como parte del UCP en el año fiscal 2024, dijo Sierra Kraft, directora ejecutiva de la Coalición ICARE, una organización que aboga por ampliar el acceso a la representación legal para menores no acompañados en la ciudad de Nueva York.
El UCP tiene unos 1.800 casos abiertos en el estado de Nueva York financiados por el contrato, la mayoría de los cuales corren ahora el riesgo de perder su representación. El fin del contrato afecta directamente a 191 empleados de nueve proveedores de servicios jurídicos de Nueva York, explicó Kraft.
City Limits contactó a todos los proveedores del estado para conocer el impacto de los recortes. Si bien las organizaciones no han dejado de representar a los menores con los que ya trabajan, no están seguras de cuánto tiempo podrán seguir haciéndolo sin financiación.
Aunque los abogados tienen obligaciones éticas con los menores a los que ya representan y no pueden retirarse de un caso sin permiso del juez, la pérdida de financiación les pone en una situación difícil.
“Los abogados se enfrentarán a una serie de preguntas cada vez más difíciles: ¿hasta cuándo podrán permitirse representar a los niños gratuitamente? ¿Cómo equilibrarán sus deberes éticos con los niños vulnerables? Arriesgarán sus licencias si no siguen representando los intereses de sus clientes infantiles sin encontrar a otra persona que pueda representarlos”, explicó Allman. “Ahora están atrapados en una situación imposible totalmente fabricada por esta administración”.
Proveedores como el Empire Justice Center ya han emitido avisos de despido de 30 días a los abogados contratados, dijo Kristin Brown, presidenta y directora ejecutiva del Empire Justice Center, una organización sin ánimo de lucro que presta servicios jurídicos a menores en centros de acogida de la ORR o entregados a patrocinadores, o que no tienen familiares en el país y viven en hogares de acogida.
Robert Cisneros, abogado del Empire Justice Center, dijo que la organización representa actualmente entre 290 y 310 casos de menores en proceso de expulsión ante los tribunales de inmigración del bajo valle del Hudson, en Nueva York.
A diferencia de los casos penales, la representación legal no está garantizada en los tribunales de inmigración. Los abogados afirmaron que, a pesar de ser elegibles para protecciones bajo la ley estadounidense, los menores no acompañados tienen más probabilidades de ser deportados sin acceso a un abogado.
Según Acacia, los menores no acompañados tienen siete veces más probabilidades de obtener un resultado favorable en el tribunal de inmigración si cuentan con un abogado que les represente.
Estos abogados representan una amplia gama de casos, desde trauma y abuso de los niños a supervivientes de la trata de personas. Justo antes de la orden, dijo Cisneros, tomaron un caso de una adolescente traficada a los EE.UU. que ahora se enfrenta a procedimientos de expulsión en Nueva York.
“El gobierno sigue intentando expulsarlos”, dijo Cisneros. “Siguen intentando deportarlos, así que siguen teniendo que ir al tribunal de inmigración”.
Otra organización que presta servicios jurídicos, Prisoners’ Legal Services of New York, tiene 265 casos de menores no acompañados en la zona de Albany.
“Un gran porcentaje de estos menores cumplen los requisitos y recibirán un estatuto legal si cuentan con un abogado que pueda ayudarles a negociar el complejo sistema de inmigración”, afirma Jim Milstein, director del proyecto de inmigración de la organización.
Otro efecto directo del recorte es que las organizaciones no pueden tomar nuevos casos. Justo antes de una llamada con City Limits, Milstein estaba al teléfono con un menor que pedía ayuda. “No hemos aceptado oficialmente su representación, pero creo que vamos a intentar averiguar cómo hacerlo”, dijo.
Y la necesidad está presente en todo el estado. Incluso antes de que se terminara el contrato, muchos proveedores ya estaban al límite de su capacidad. Los abogados del Empire Justice Center dijeron que no están aceptando más casos, aunque se han puesto en contacto con ellos para recibir más.
Todos los proveedores que hablaron con City Limits dijeron que están buscando urgentemente fuentes de financiación para mantener estos servicios. Safe Passage Project, por ejemplo, también está movilizando a abogados pro bono para ayudar a llenar el vacío de representación, mientras que otros proveedores están trabajando para transferir casos a otras organizaciones con financiación.
Los proveedores también dijeron que están buscando financiación de emergencia y trabajando con el Congreso, el Senado y los legisladores estatales y locales para intentar cubrir el déficit, pero que aún no hay resultados concretos.
Los legisladores estatales han presentado dos proyectos de ley para financiar la representación legal en Nueva York: un proyecto de ley proporcionaría abogados a quienes cuenten con los recursos mientras se enfrentan a la deportación, y el otro proyecto crearía una fondo para los proveedores de servicios legales de inmigración.
Según una encuesta reciente de Acacia, el 61 por ciento de los adultos estadounidenses opinaba que se deben garantizar el acceso a apoyo y servicios jurídicos a menores no acompañados.”El UCP no es sólo un salvavidas, es una obligación moral proteger a los niños inmigrantes. Sin este programa, estos niños quedan indefensos, lo que pone en peligro su seguridad, su bienestar y su futuro”, dijo Ángela Fernández, directora ejecutiva de Safe Passage Project, por correo electrónico.
“Instamos a los líderes y funcionarios a que tomen medidas inmediatas y restablezcan el UCP para garantizar que todos los niños tengan la oportunidad de ser escuchados, apoyados y salvaguardados en su viaje hacia un futuro mejor”, añadió Fernández.
Para ponerse en contacto con el reportero de esta noticia, escriba a Daniel@citylimits.org. Para ponerse en contacto con la editora, escriba a Jeanmarie@citylimits.org
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